Publicado en EL UNIVERSAL el 21 de abril de 2008

Vive Benito Juárez Caos Inmobiliario

“Muchas irregularidades cometidas por especuladores inmobiliarios con la complacencia de las autoridades” del gobierno del Distrito Federal y de la delegación Benito Juárez, llevaron a poco más de 72 mil personas “de más” a vivir a esa demarcación, según revela el documento Benito Juárez, una historia de impunidad.

Éste fue elaborado por una comisión de investigación integrada por diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y señala que 14 mil 541 departamentos fueron construidos de más entre 2005 y 2007.

En ese lapso, los constructores manifestaron en sus planes de edificación (en la capital, desde 2005 no se dan licencias de construcción, sino que se confía en su buena fe), una cantidad de hogares que no cumplieron y se “echaron de pasadita” un piso o dos más ante ojos de una autoridad que no hizo nada para impedirlo.

A estas casas se les calificó como irregulares porque no cumplieron diversas normas y cláusulas del Reglamento de Construcción del DF o el Programa de Desarrollo Urbano de la Benito Juárez (PDU), vigente desde el 6 de mayo de 2005.

Así, más de 33 mil 412 millones de pesos fueron facturados por decenas de desarrolladores de forma ilegítima en la delegación. Esa cantidad equivale a 75.9% del presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la construcción de carreteras este año.

El documento estima que las ventas totales de los 14 mil 541 departamentos “extras” que se construyeron por cortesía de los desarrolladores de vivienda, tuvieron un valor de venta total de casi 22 mil millones de pesos. De acuerdo con métodos de cálculo de la industria, se estima que un promedio de cinco personas habitan un departamento, por lo que este “pequeño excedente” habría llevado a la delegación a poco más de 72 mil personas que no debieran vivir ahí si se hubiese respetado el PDU delegacional.

Otros 6 mil 652 hogares se catalogaron como irregulares por la investigación porque no cumplieron diversas normas, las ventas ascendieron a casi 11 mil 500 millones de pesos.
Se buscó entrevista con Arturo Aispuro Coronel, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) para saber qué se hará para resolver esta situación. Su personal de prensa dijo que nada tenía que declarar el funcionario puesto que eso había sucedido en otra administración. Sólo ofrecieron para esta semana una entrevista con Felipe de Jesús Gutiérrez, director general de Desarrollo Urbano del GDF.

También se buscó a David Vainer, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) del valle de México, organismo que agrupa a la mayoría de los constructores que tienen proyectos en la Benito Juárez, pero tampoco aceptó hacer declaraciones porque no conocía el documento.

Un directivo de la Canadevi delegación DF descalificó el estudio de los diputados durante una charla telefónica para entrevistar a Vainer, arguyendo que sólo lo elaboraron con pretensiones políticas personales.

Añadió que los problemas eran sólo de constructoras improvisadas, mas no de las que están en su gremio. Sin embargo, se pudo constatar en un recorrido que uno de los constructores con mayor número de anomalías, así como graves problemas administrativos (no entrega escrituras a sus clientes aunque pagaron de contado) es un ex presidente nacional de Canadevi, Manuel Lugo Goytia, director general de Grupo K-SA. Al respecto, el directivo de Canadevi-DF sólo dijo que son asuntos de Manuel Lugo y de su empresa, no del gremio.

En la colonia Del Valle, donde se encontró a decenas de vecinos e inquilinos de los nuevos desarrollos con múltiples quejas, es patente cómo se rebasó la infraestructura disponible. Ahí, cientos de casas obtienen electricidad mediante generadores de motor a diesel o gasolina.
En la Benito Juárez operan las desarrolladoras SARE, Grupo Rouz, Grupo K-SA, Condak, Grupo Inmobiliario Schütte, Baita, Lonai, Vivesi, Grupo Unión, Corporación Inmoviliaria (sic) Integral, entre otras decenas de firmas. Varias de ellas están agremiadas a la Canadevi-DF.

De acuerdo con el reporte de la ALDF, “los constructores se aprovecharon de normas complementarias y contradicciones, además de la buena fe del Bando 2”, que restringió la construcción de vivienda a sólo cuatro demarcaciones: Benito Juárez, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

La gente de menos ingreso mensual fue la más afectada. Entre 2000 y 2007, sólo 2 mil 252 personas ejercieron su crédito Infonavit en una demarcación donde en ese mismo lapso se construyeron 31 mil 569 viviendas, según un informe del actual delegado Germán de la Garza Estrada.