Conforme se van conociendo los alcances y efectos del Bando No. 2 en el caos urbano que afecta a la Delegación Benito Juárez, comienzan a surgir muchas inquietudes entre los habitantes de la demarcación sobre los verdaderos propósitos que animaron a López Obrador a promulgar semejante disposición que ha alterado de manera tan definitiva y radical los espacios urbanos de la Benito Juárez.
Y todo parece indicar que lo que buscaba López Obrador, además de asegurar negocios para inmobiliarias afines a SEDUVI (intereses perredistas), era repoblar la demarcación para modificar las tendencias electorales que han sido absolutamente proclives al PAN en los últimos años.
En el informe que sobre el problema del auge de construcciones en la Delegación elaboró la Asamblea Legislativa del D.F. y que ha sido ampliamente difundido por la prensa nacional, se habla que 72 mil personas llegaron a vivir a esta zona.
Resulta que según la página de internet de la Delegación, el censo de los habitantes del año 2000 daba un total de 36o mil habitantes, lo que significa que en 7 años esta población aumentó en ¡¡¡20%!!! para llegar a los 432 mil habitantes.
Si consideramos que los 72 mil nuevos habitantes son en su inmensa mayoría, mayores de edad, puesto que compraron o rentaron los inmuebles que ahora habitan, tenemos que el padrón electoral de la zona se incremento y cambió de una manera tal que solo podremos ver con claridad a partir del 2009.
Así, si Germán de la Garza fue electo en 2006 con poco mas de 110 mil votos de un padrón total de 337 mil, el PRD obtuvo poco mas de 84 mil votos. (Fuente: http://www.iedf.org.mx/eel/eel06/_mapaIEDF_JDdel_por.html)
Si por alguna razón, de los 72 mil nuevos habitantes, la mayoría vota por el PRD, podemos anunciar desde ahora que en la elección de 2009 se acabará el Gobierno del PAN en la Delegación.
¿Y quien fue quien hizo posible esto, además del Bando No.2?
¡Pues la corrupción del PAN! sin la cual no hubiera sido posible construir tantos edificios en una zona que -dicen- controlan absolutamente.
De los mas de 1,600 edificios nuevos construidos bajo los gobiernos panistas, mas de la mitad violan la ley.
Con eso llenaron sus bolsas de dinero... y de probables perredistas la delegación.
martes, 22 de abril de 2008
lunes, 21 de abril de 2008
Publicado en EL UNIVERSAL el 21 de abril de 2008
Tres años en espera de recibir escrituras
A la señora Herminia Martínez González le preocupa no tener las escrituras de su casa por una razón: “Dios no lo quiera, muero hoy y no tengo manera de que mis familiares comprueben que esta casa es mía. ¿Qué les voy a dejar?”, dice al pie de su domicilio situado en Serafín Olarte número 12, colonia Independencia.
Del balcón de su apartamento pende una pequeña manta que señala que Grupo K-SA, propiedad del ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Promoción y el Desarrollo de la Vivienda (Canadevi) hasta marzo de 2007, no cumple y no entrega escrituras.
La señora Martínez González tiene una junta con representantes legales de la empresa en mayo ante la Procuraduría del Consumidor, y tiene esperanza de que por fin se resuelvan sus problemas.
“Me dicen desde mayo de 2005 que ya me las van a entregar y nada. Argumentan que no pueden porque todavía les faltan por vender ocho departamentos”. Muestra documentos donde Elsa Orozco Martínez, representante legal de Manuel Lugo, director general de Grupo K-SA, se comprometío a entregar las escrituras.
Muestra también un documento donde se asienta que el 31 de octubre pagó casi 485 mil pesos, con lo que liquidó el departamento 103 de este conjunto llamado Alemania. El valor total fue de 514 mil 912 pesos por 43 metros cuadrados de casa-habitación.
Tuvo que hacer un pago extra de 60 mil pesos para contar con un cajón de estacionamiento, mismo del que sólo el recibo avala su propiedad, porque en ningún otro documento consta que ya le pertenece.
Por la escrituración, desde 2005 pagó 18 mil pesos y hasta ahora nada. “Me pidieron que quitara mi manta del balcón para que el trámite fuera más rápido, pero ya no les creo. No soy la única, hay otros cinco vecinos aquí mismo que tampoco tienen escrituras”, observa en tanto acaricia con ansiedad el fólder donde tiene los documentos.
Otro caso lo hallamos en un conjunto de la calle Xochicalco 90, edificado por Inmobiliaria Salinas Moreno. Ahí existen dos torres de 10 departamentos “de lujo”. A cuatro años de haberse edificado, ya presenta humedades y es patente que los vecinos empezaron ya por su cuenta a hacer arreglos.
En la zona de estacionamientos fue posible ver que resguardan materiales de construcción que utilizaron para reparaciones. El vecino del B-201 constató los que eran de su propiedad.
A la señora Herminia Martínez González le preocupa no tener las escrituras de su casa por una razón: “Dios no lo quiera, muero hoy y no tengo manera de que mis familiares comprueben que esta casa es mía. ¿Qué les voy a dejar?”, dice al pie de su domicilio situado en Serafín Olarte número 12, colonia Independencia.
Del balcón de su apartamento pende una pequeña manta que señala que Grupo K-SA, propiedad del ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Promoción y el Desarrollo de la Vivienda (Canadevi) hasta marzo de 2007, no cumple y no entrega escrituras.
La señora Martínez González tiene una junta con representantes legales de la empresa en mayo ante la Procuraduría del Consumidor, y tiene esperanza de que por fin se resuelvan sus problemas.
“Me dicen desde mayo de 2005 que ya me las van a entregar y nada. Argumentan que no pueden porque todavía les faltan por vender ocho departamentos”. Muestra documentos donde Elsa Orozco Martínez, representante legal de Manuel Lugo, director general de Grupo K-SA, se comprometío a entregar las escrituras.
Muestra también un documento donde se asienta que el 31 de octubre pagó casi 485 mil pesos, con lo que liquidó el departamento 103 de este conjunto llamado Alemania. El valor total fue de 514 mil 912 pesos por 43 metros cuadrados de casa-habitación.
Tuvo que hacer un pago extra de 60 mil pesos para contar con un cajón de estacionamiento, mismo del que sólo el recibo avala su propiedad, porque en ningún otro documento consta que ya le pertenece.
Por la escrituración, desde 2005 pagó 18 mil pesos y hasta ahora nada. “Me pidieron que quitara mi manta del balcón para que el trámite fuera más rápido, pero ya no les creo. No soy la única, hay otros cinco vecinos aquí mismo que tampoco tienen escrituras”, observa en tanto acaricia con ansiedad el fólder donde tiene los documentos.
Otro caso lo hallamos en un conjunto de la calle Xochicalco 90, edificado por Inmobiliaria Salinas Moreno. Ahí existen dos torres de 10 departamentos “de lujo”. A cuatro años de haberse edificado, ya presenta humedades y es patente que los vecinos empezaron ya por su cuenta a hacer arreglos.
En la zona de estacionamientos fue posible ver que resguardan materiales de construcción que utilizaron para reparaciones. El vecino del B-201 constató los que eran de su propiedad.
Publicado en EL UNIVERSAL el 21 de abril de 2008
Vive Benito Juárez Caos Inmobiliario
“Muchas irregularidades cometidas por especuladores inmobiliarios con la complacencia de las autoridades” del gobierno del Distrito Federal y de la delegación Benito Juárez, llevaron a poco más de 72 mil personas “de más” a vivir a esa demarcación, según revela el documento Benito Juárez, una historia de impunidad.
Éste fue elaborado por una comisión de investigación integrada por diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y señala que 14 mil 541 departamentos fueron construidos de más entre 2005 y 2007.
En ese lapso, los constructores manifestaron en sus planes de edificación (en la capital, desde 2005 no se dan licencias de construcción, sino que se confía en su buena fe), una cantidad de hogares que no cumplieron y se “echaron de pasadita” un piso o dos más ante ojos de una autoridad que no hizo nada para impedirlo.
A estas casas se les calificó como irregulares porque no cumplieron diversas normas y cláusulas del Reglamento de Construcción del DF o el Programa de Desarrollo Urbano de la Benito Juárez (PDU), vigente desde el 6 de mayo de 2005.
Así, más de 33 mil 412 millones de pesos fueron facturados por decenas de desarrolladores de forma ilegítima en la delegación. Esa cantidad equivale a 75.9% del presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la construcción de carreteras este año.
El documento estima que las ventas totales de los 14 mil 541 departamentos “extras” que se construyeron por cortesía de los desarrolladores de vivienda, tuvieron un valor de venta total de casi 22 mil millones de pesos. De acuerdo con métodos de cálculo de la industria, se estima que un promedio de cinco personas habitan un departamento, por lo que este “pequeño excedente” habría llevado a la delegación a poco más de 72 mil personas que no debieran vivir ahí si se hubiese respetado el PDU delegacional.
Otros 6 mil 652 hogares se catalogaron como irregulares por la investigación porque no cumplieron diversas normas, las ventas ascendieron a casi 11 mil 500 millones de pesos.
Se buscó entrevista con Arturo Aispuro Coronel, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) para saber qué se hará para resolver esta situación. Su personal de prensa dijo que nada tenía que declarar el funcionario puesto que eso había sucedido en otra administración. Sólo ofrecieron para esta semana una entrevista con Felipe de Jesús Gutiérrez, director general de Desarrollo Urbano del GDF.
También se buscó a David Vainer, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) del valle de México, organismo que agrupa a la mayoría de los constructores que tienen proyectos en la Benito Juárez, pero tampoco aceptó hacer declaraciones porque no conocía el documento.
Un directivo de la Canadevi delegación DF descalificó el estudio de los diputados durante una charla telefónica para entrevistar a Vainer, arguyendo que sólo lo elaboraron con pretensiones políticas personales.
Añadió que los problemas eran sólo de constructoras improvisadas, mas no de las que están en su gremio. Sin embargo, se pudo constatar en un recorrido que uno de los constructores con mayor número de anomalías, así como graves problemas administrativos (no entrega escrituras a sus clientes aunque pagaron de contado) es un ex presidente nacional de Canadevi, Manuel Lugo Goytia, director general de Grupo K-SA. Al respecto, el directivo de Canadevi-DF sólo dijo que son asuntos de Manuel Lugo y de su empresa, no del gremio.
En la colonia Del Valle, donde se encontró a decenas de vecinos e inquilinos de los nuevos desarrollos con múltiples quejas, es patente cómo se rebasó la infraestructura disponible. Ahí, cientos de casas obtienen electricidad mediante generadores de motor a diesel o gasolina.
En la Benito Juárez operan las desarrolladoras SARE, Grupo Rouz, Grupo K-SA, Condak, Grupo Inmobiliario Schütte, Baita, Lonai, Vivesi, Grupo Unión, Corporación Inmoviliaria (sic) Integral, entre otras decenas de firmas. Varias de ellas están agremiadas a la Canadevi-DF.
De acuerdo con el reporte de la ALDF, “los constructores se aprovecharon de normas complementarias y contradicciones, además de la buena fe del Bando 2”, que restringió la construcción de vivienda a sólo cuatro demarcaciones: Benito Juárez, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.
La gente de menos ingreso mensual fue la más afectada. Entre 2000 y 2007, sólo 2 mil 252 personas ejercieron su crédito Infonavit en una demarcación donde en ese mismo lapso se construyeron 31 mil 569 viviendas, según un informe del actual delegado Germán de la Garza Estrada.
“Muchas irregularidades cometidas por especuladores inmobiliarios con la complacencia de las autoridades” del gobierno del Distrito Federal y de la delegación Benito Juárez, llevaron a poco más de 72 mil personas “de más” a vivir a esa demarcación, según revela el documento Benito Juárez, una historia de impunidad.
Éste fue elaborado por una comisión de investigación integrada por diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y señala que 14 mil 541 departamentos fueron construidos de más entre 2005 y 2007.
En ese lapso, los constructores manifestaron en sus planes de edificación (en la capital, desde 2005 no se dan licencias de construcción, sino que se confía en su buena fe), una cantidad de hogares que no cumplieron y se “echaron de pasadita” un piso o dos más ante ojos de una autoridad que no hizo nada para impedirlo.
A estas casas se les calificó como irregulares porque no cumplieron diversas normas y cláusulas del Reglamento de Construcción del DF o el Programa de Desarrollo Urbano de la Benito Juárez (PDU), vigente desde el 6 de mayo de 2005.
Así, más de 33 mil 412 millones de pesos fueron facturados por decenas de desarrolladores de forma ilegítima en la delegación. Esa cantidad equivale a 75.9% del presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la construcción de carreteras este año.
El documento estima que las ventas totales de los 14 mil 541 departamentos “extras” que se construyeron por cortesía de los desarrolladores de vivienda, tuvieron un valor de venta total de casi 22 mil millones de pesos. De acuerdo con métodos de cálculo de la industria, se estima que un promedio de cinco personas habitan un departamento, por lo que este “pequeño excedente” habría llevado a la delegación a poco más de 72 mil personas que no debieran vivir ahí si se hubiese respetado el PDU delegacional.
Otros 6 mil 652 hogares se catalogaron como irregulares por la investigación porque no cumplieron diversas normas, las ventas ascendieron a casi 11 mil 500 millones de pesos.
Se buscó entrevista con Arturo Aispuro Coronel, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) para saber qué se hará para resolver esta situación. Su personal de prensa dijo que nada tenía que declarar el funcionario puesto que eso había sucedido en otra administración. Sólo ofrecieron para esta semana una entrevista con Felipe de Jesús Gutiérrez, director general de Desarrollo Urbano del GDF.
También se buscó a David Vainer, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) del valle de México, organismo que agrupa a la mayoría de los constructores que tienen proyectos en la Benito Juárez, pero tampoco aceptó hacer declaraciones porque no conocía el documento.
Un directivo de la Canadevi delegación DF descalificó el estudio de los diputados durante una charla telefónica para entrevistar a Vainer, arguyendo que sólo lo elaboraron con pretensiones políticas personales.
Añadió que los problemas eran sólo de constructoras improvisadas, mas no de las que están en su gremio. Sin embargo, se pudo constatar en un recorrido que uno de los constructores con mayor número de anomalías, así como graves problemas administrativos (no entrega escrituras a sus clientes aunque pagaron de contado) es un ex presidente nacional de Canadevi, Manuel Lugo Goytia, director general de Grupo K-SA. Al respecto, el directivo de Canadevi-DF sólo dijo que son asuntos de Manuel Lugo y de su empresa, no del gremio.
En la colonia Del Valle, donde se encontró a decenas de vecinos e inquilinos de los nuevos desarrollos con múltiples quejas, es patente cómo se rebasó la infraestructura disponible. Ahí, cientos de casas obtienen electricidad mediante generadores de motor a diesel o gasolina.
En la Benito Juárez operan las desarrolladoras SARE, Grupo Rouz, Grupo K-SA, Condak, Grupo Inmobiliario Schütte, Baita, Lonai, Vivesi, Grupo Unión, Corporación Inmoviliaria (sic) Integral, entre otras decenas de firmas. Varias de ellas están agremiadas a la Canadevi-DF.
De acuerdo con el reporte de la ALDF, “los constructores se aprovecharon de normas complementarias y contradicciones, además de la buena fe del Bando 2”, que restringió la construcción de vivienda a sólo cuatro demarcaciones: Benito Juárez, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.
La gente de menos ingreso mensual fue la más afectada. Entre 2000 y 2007, sólo 2 mil 252 personas ejercieron su crédito Infonavit en una demarcación donde en ese mismo lapso se construyeron 31 mil 569 viviendas, según un informe del actual delegado Germán de la Garza Estrada.
jueves, 17 de abril de 2008
El problema de la seguridad y el robo de autos en la Col. Narvarte
Otro de los grandes problemas que se ha incrementado en los últimos años en la Delegación Benito Juárez, es el robo de vehículos.
Y la colonia Narvarte, una de las mas afectadas por el problema de la saturación urbana resulta ser también una de las zonas predilectas de la delincuencia organizada, registrándose 72 casos de robo de auto cada mes según cifras oficiales de la SSP del D.F.
Ante ello, la propia Secretaría de Seguridad Pública del DF dividirá en dos sectores esta zona para reforzar la vigilancia.
El repunte de este delito por grupos dedicados al robo con violencia y estacionados propició que la corporación policíaca prepare una nueva Unidad de Protección Ciudadana (UPC) con 400 uniformados en la colonia que se suman a los 250 que ya operaban.
Según información piblicada en EL UNIVERSAL el día de hoy, Joel Ortega Cuevas, titular de la SSP-DF, dijo que el robo de vehículos en Narvarte supera el número de robo de unidades que ocurren en el Distrito Federal a diario.
Es decir en Narvarte se roban 72 vehículos mensuales, mientras que en toda la ciudad son 70 diarios.
Explicó que parte del fenómeno delictivo se debe a la proliferación de construcciones de condominios que carecen de espacios de estacionamiento.
La gente que compra un departamento de un millón y medio de pesos en esta zona de Benito Juárez generalmente tiene la capacidad de adquirir dos vehículos, por lo que uno de estos se queda en la vía pública.
Comparó que el fenómeno es similar al que ocurre en zonas como la Condesa y Polanco donde la
proliferación de bares y todo tipo de establecimientos mercantiles disminuyen los espacios de estacionamiento.
Opina sobre esto en nuestra página: http://www.redsocialdbj.org/
Y la colonia Narvarte, una de las mas afectadas por el problema de la saturación urbana resulta ser también una de las zonas predilectas de la delincuencia organizada, registrándose 72 casos de robo de auto cada mes según cifras oficiales de la SSP del D.F.
Ante ello, la propia Secretaría de Seguridad Pública del DF dividirá en dos sectores esta zona para reforzar la vigilancia.
El repunte de este delito por grupos dedicados al robo con violencia y estacionados propició que la corporación policíaca prepare una nueva Unidad de Protección Ciudadana (UPC) con 400 uniformados en la colonia que se suman a los 250 que ya operaban.
Según información piblicada en EL UNIVERSAL el día de hoy, Joel Ortega Cuevas, titular de la SSP-DF, dijo que el robo de vehículos en Narvarte supera el número de robo de unidades que ocurren en el Distrito Federal a diario.
Es decir en Narvarte se roban 72 vehículos mensuales, mientras que en toda la ciudad son 70 diarios.
Explicó que parte del fenómeno delictivo se debe a la proliferación de construcciones de condominios que carecen de espacios de estacionamiento.
La gente que compra un departamento de un millón y medio de pesos en esta zona de Benito Juárez generalmente tiene la capacidad de adquirir dos vehículos, por lo que uno de estos se queda en la vía pública.
Comparó que el fenómeno es similar al que ocurre en zonas como la Condesa y Polanco donde la
proliferación de bares y todo tipo de establecimientos mercantiles disminuyen los espacios de estacionamiento.
Opina sobre esto en nuestra página: http://www.redsocialdbj.org/
miércoles, 16 de abril de 2008
El incendio del martes en la Benito Juárez y la corrupción.
El incendio del martes 15 de abril en Av. Cuauhtémoc y San Borja, en la Delegación Benito Juárez pudo ser más grave y tener mayores consecuencias.
Que estuviera en construcción un gran complejo de departamentos ya es parte de los problemas cotidianos en esta zona.
Pero que se incendiara con tanta fuerza y que no hubiera suficiente agua... precisamente por que hay muchos edificios de departamentos nuevos, hace ver la magnitud del problema de saturación urbana que enfrentamos en la Benito Juárez; problema provocado tanto por el Bando No. 2 emitido por López Obrador como por la corrupción de los funcionarios de la delegación.
Visite la página www.redsocialdbj.org y opine sobre el tema.
Que estuviera en construcción un gran complejo de departamentos ya es parte de los problemas cotidianos en esta zona.
Pero que se incendiara con tanta fuerza y que no hubiera suficiente agua... precisamente por que hay muchos edificios de departamentos nuevos, hace ver la magnitud del problema de saturación urbana que enfrentamos en la Benito Juárez; problema provocado tanto por el Bando No. 2 emitido por López Obrador como por la corrupción de los funcionarios de la delegación.
Visite la página www.redsocialdbj.org y opine sobre el tema.
jueves, 10 de abril de 2008
¿Por que no se deroga el Bando No.2?
Si algo nos puede quedar claro a los vecinos de la Delegación Benito Juárez, es que ninguna autoridad piensa que el Bando Número 2 pueda mantenerse vigente... pero nadie hace nada por derogarlo.
En enero de 2007 Marcelo Ebrard declaró que estaba a favor de la derogación y que al emitirse los planes de desarollo urbano de la ciudad quedaría eliminado. Pero aún nada.
Luego en agosto de 2007 la Asamblea Legislativa aprobó un Punto de Acuerdo pidiendo al Jefe de Gobierno la derogación del Bando. Pero nada.
Nuestro Jefe Delegaciones, Germán de la Garza declaró en una entrevista fines del año pasado que la derogación del Bando había sido una propuesta de su campaña. Pero aún nada.
Si el Jefe de Gobierno, la Asamblea y el Jefe Delegacional estan a favor de la derogación... ¿por que no se deroga ya?
¿No será que los intereses y negocios de las inmobiliarias en la Delegación y en SEDUVI -y con ellos los de algunos partidos políticos- pesan mas que los intereses ciudadanos en esta Delegación?
Es pregunta...
En enero de 2007 Marcelo Ebrard declaró que estaba a favor de la derogación y que al emitirse los planes de desarollo urbano de la ciudad quedaría eliminado. Pero aún nada.
Luego en agosto de 2007 la Asamblea Legislativa aprobó un Punto de Acuerdo pidiendo al Jefe de Gobierno la derogación del Bando. Pero nada.
Nuestro Jefe Delegaciones, Germán de la Garza declaró en una entrevista fines del año pasado que la derogación del Bando había sido una propuesta de su campaña. Pero aún nada.
Si el Jefe de Gobierno, la Asamblea y el Jefe Delegacional estan a favor de la derogación... ¿por que no se deroga ya?
¿No será que los intereses y negocios de las inmobiliarias en la Delegación y en SEDUVI -y con ellos los de algunos partidos políticos- pesan mas que los intereses ciudadanos en esta Delegación?
Es pregunta...
jueves, 3 de abril de 2008
Nota en LA JORNADA, 3 de abril 2008
Familiares de diputados panistas, implicados en anomalías inmobiliarias en Benito Juárez
Familiares de diputados locales del PAN están implicados en los permisos irregulares que otorgó la delegación Benito Juárez durante los siete años recientes a grandes empresas constructoras y desarrolladores inmobiliarios, quienes de 2000 a la fecha tapizaron con mil 547 condominios residenciales o unidades habitacionales colonias de esa demarcación, obteniendo ganancias que suman aproximadamente mil millones de dólares.
Así lo aseguró en conferencia de prensa el diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo, presidente de la comisión plural que se constituyó en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para indagar la legalidad de los permisos y autorizaciones otorgados a esas compañías.
En compañía del también diputado Alejandro Ramírez, presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano e integrante de dicha comisión, presentó las conclusiones de los 13 meses de trabajo de ese grupo legislativo, mismos que lo llevaron a tener los elementos suficientes para presentar –el 6 de marzo pasado– 13 denuncias ante la Contraloría General del Distrito Federal en las que señalan la presunta responsabilidad de funcionarios y ex funcionarios tanto de la demarcación panista de Benito Juárez como de áreas del gobierno central, fundamentalmente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), así como de constructoras e inmobiliarias.
Incluso, Díaz Cuervo –integrante de la fracción de la Coalición Socialdemócrata– adelantó que el próximo viernes habrán de formalizar 400 querellas más ante esa misma instancia, luego de que al concluir ayer la actividad de la comisión plural especial se lograron obtener más pruebas de anomalías, por lo que pidió que se finquen las responsabilidades que correspondan.
Durante la sesión de preguntas y respuestas, el legislador fue claro al señalar que un hermano de Miguel Errasti, diputado del PAN en la ALDF, ha sido funcionario en al menos las dos gestiones recientes de la mencionada delegación, con Fadlala Akabani (2003-2006) y con Germán de la Garza (2006-2009), en áreas jurídicas.
Subrayó que dicho servidor público avaló con su firma trámites de edificios que en 2006 y 2007 registraban anomalías en su documentación y cumplimiento de la normatividad vigente.
Por esas circunstancias, señaló, las autoridades delegacionales nunca colaboraron para llevar a cabo la revisión y análisis de los expedientes de los condominios residenciales y unidades habitacionales construidos de 2000 a la fecha. “Por el contrario –dijo–, sufrimos un persistente
bloqueo de la delegación, y los documentos que logramos obtener fueron gracias a solicitudes que se formalizaron ante el Instituto de Información Pública del Distrito Federal (…) Lamento la actitud que tuvieron de tapadera”.
Alejandro Ramírez detalló que la comisión plural especial se tuvo que crear ante la cerrazón que las autoridades de Benito Juárez y de la Seduvi mostraron hacia los vecinos, quienes no sabían cómo frenar la “impunidad y los abusos” que se estaban dando ese punto de la ciudad.
De hecho, el también diputado de la coalición detalló que una muestra de esos excesos se dio con los desarrolladores inmobiliarios, quienes luego de la “revolución administrativa” que emprendió el GDF para sustituir las licencias de construcción por manifestaciones de obra, abusaron del trámite y declaraban una cosa y hacían otra.
Señaló que las colonias que concentraron el boom inmobiliario son: Del Valle, Nápoles, Álamos, San Pedro de los Pinos, Narvarte y Portales, con mil 547 edificios nuevos, de los cuales 52 por ciento tienen alguna anomalía, pero además han afectado la dotación de servicios en toda la demarcación.
Familiares de diputados locales del PAN están implicados en los permisos irregulares que otorgó la delegación Benito Juárez durante los siete años recientes a grandes empresas constructoras y desarrolladores inmobiliarios, quienes de 2000 a la fecha tapizaron con mil 547 condominios residenciales o unidades habitacionales colonias de esa demarcación, obteniendo ganancias que suman aproximadamente mil millones de dólares.
Así lo aseguró en conferencia de prensa el diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo, presidente de la comisión plural que se constituyó en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para indagar la legalidad de los permisos y autorizaciones otorgados a esas compañías.
En compañía del también diputado Alejandro Ramírez, presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano e integrante de dicha comisión, presentó las conclusiones de los 13 meses de trabajo de ese grupo legislativo, mismos que lo llevaron a tener los elementos suficientes para presentar –el 6 de marzo pasado– 13 denuncias ante la Contraloría General del Distrito Federal en las que señalan la presunta responsabilidad de funcionarios y ex funcionarios tanto de la demarcación panista de Benito Juárez como de áreas del gobierno central, fundamentalmente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), así como de constructoras e inmobiliarias.
Incluso, Díaz Cuervo –integrante de la fracción de la Coalición Socialdemócrata– adelantó que el próximo viernes habrán de formalizar 400 querellas más ante esa misma instancia, luego de que al concluir ayer la actividad de la comisión plural especial se lograron obtener más pruebas de anomalías, por lo que pidió que se finquen las responsabilidades que correspondan.
Durante la sesión de preguntas y respuestas, el legislador fue claro al señalar que un hermano de Miguel Errasti, diputado del PAN en la ALDF, ha sido funcionario en al menos las dos gestiones recientes de la mencionada delegación, con Fadlala Akabani (2003-2006) y con Germán de la Garza (2006-2009), en áreas jurídicas.
Subrayó que dicho servidor público avaló con su firma trámites de edificios que en 2006 y 2007 registraban anomalías en su documentación y cumplimiento de la normatividad vigente.
Por esas circunstancias, señaló, las autoridades delegacionales nunca colaboraron para llevar a cabo la revisión y análisis de los expedientes de los condominios residenciales y unidades habitacionales construidos de 2000 a la fecha. “Por el contrario –dijo–, sufrimos un persistente
bloqueo de la delegación, y los documentos que logramos obtener fueron gracias a solicitudes que se formalizaron ante el Instituto de Información Pública del Distrito Federal (…) Lamento la actitud que tuvieron de tapadera”.
Alejandro Ramírez detalló que la comisión plural especial se tuvo que crear ante la cerrazón que las autoridades de Benito Juárez y de la Seduvi mostraron hacia los vecinos, quienes no sabían cómo frenar la “impunidad y los abusos” que se estaban dando ese punto de la ciudad.
De hecho, el también diputado de la coalición detalló que una muestra de esos excesos se dio con los desarrolladores inmobiliarios, quienes luego de la “revolución administrativa” que emprendió el GDF para sustituir las licencias de construcción por manifestaciones de obra, abusaron del trámite y declaraban una cosa y hacían otra.
Señaló que las colonias que concentraron el boom inmobiliario son: Del Valle, Nápoles, Álamos, San Pedro de los Pinos, Narvarte y Portales, con mil 547 edificios nuevos, de los cuales 52 por ciento tienen alguna anomalía, pero además han afectado la dotación de servicios en toda la demarcación.
Nota en MILENIO Diario, 3 abril 2008
En 8 años, 6 mil 652 viviendas irregulares.-
En la delegación Benito Juárez, de 2000 a 2007 se construyeron 6 mil 652 viviendas irregulares, lo que dejó una ganancia ilícita de 11 mil 500 millones de pesos.
Lo anterior, según el informe final de la comisión especial de investigación de las construcciones en Benito Juárez de la Asamblea Legislativa que, durante 13 meses, recabó datos del Instituto de Vivienda, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del DF, la demarcación y de los habitantes afectados.
El resumen, titulado “Benito Juárez, una historia de impunidad”, señala que en este negocio ilícito estuvieron involucrados funcionarios de la delegación Benito Juárez, gobernada por el PAN, y la Seduvi, a cargo del PRD, ya que son las instancias encargadas de autorizar y emitir licencias y permisos de construcción.
Por ello, Jorge Carlos Díaz-Cuervo, diputado local de la coalición Socialdemócrata y presidente de la comisión especial, ya presentó 13 denuncias administrativas ante la Contraloría General del DF y en los próximos días entregará más de 400 expedientes para demostrar las anomalías.Uno de los casos más relevantes que denunció Díaz-Cuervo fue el del hermano del diputado local panista Miguel Errasti, quien laboraba en el área jurídica de la delegación durante la administración de Fadlala Akabani; es uno de los responsables de los actos de corrupción que se han generado.
Detalló que estos datos se obtuvieron al presentar solicitudes al Info-DF para conocer el nombre de las empresas constructoras y los responsables de las obras de los inmuebles irregulares para denunciarlos ante la Contraloría General del DF.
El diagnóstico, elaborado por los diputados locales, precisa que “estas irregularidades se dieron por el boom inmobiliario que generó la aplicación del Bando 2 por parte de Andrés Manuel López Obrador, ex jefe de Gobierno capitalino”.
El compilado de denuncias expone que la vivienda irregular se desarrolló en las colonias del Valle, Nápoles, Portales, Álamos, San Pedro de los Pinos y Narvarte.En total, se construyeron mil 547 edificios de 2000 a 2007; sin embargo, 52 por ciento se hizo de manera irregular, al presentar violaciones a la ley en la edificación de conjuntos habitacionales con mayores niveles a los permitidos y sin contar con el uso de suelo adecuado.
Otras irregularidades fueron que los edificios nuevos no cuentan con los cajones de estacionamiento que marca la ley.Además de construir viviendas irregulares se detectó la desaparición de cinco edificios catalogados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y la misma Seduvi como monumentos históricos y de valor patrimonial y arquitectónico.
No obstante, los casos más emblemáticos, por el gran número de anomalías que concentraron, son los de la Universidad Panamericana, la Barra Nacional de Abogados y un conjunto habitacional frente a la sede nacional del PAN.
Díaz-Cuervo informó que “por ahora se tomarán diversas acciones para mitigar el daño causado a los habitantes de la demarcación, toda vez que con estos desarrollos han comenzado a sufrir de problemas de escasez de agua, apagones, problemas viales por la falta de estacionamientos, entre otros.Aunado a ello, se presentará un paquete de reformas a la Ley de Desarrollo Urbano del DF para imponer sanciones a quienes permitan o realicen violaciones a la ley.
Agregó que se reportará al INAH y al INBA la desaparición de los inmuebles catalogados como monumentos históricos para que inicie las denuncias penales correspondientes.
En la delegación Benito Juárez, de 2000 a 2007 se construyeron 6 mil 652 viviendas irregulares, lo que dejó una ganancia ilícita de 11 mil 500 millones de pesos.
Lo anterior, según el informe final de la comisión especial de investigación de las construcciones en Benito Juárez de la Asamblea Legislativa que, durante 13 meses, recabó datos del Instituto de Vivienda, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del DF, la demarcación y de los habitantes afectados.
El resumen, titulado “Benito Juárez, una historia de impunidad”, señala que en este negocio ilícito estuvieron involucrados funcionarios de la delegación Benito Juárez, gobernada por el PAN, y la Seduvi, a cargo del PRD, ya que son las instancias encargadas de autorizar y emitir licencias y permisos de construcción.
Por ello, Jorge Carlos Díaz-Cuervo, diputado local de la coalición Socialdemócrata y presidente de la comisión especial, ya presentó 13 denuncias administrativas ante la Contraloría General del DF y en los próximos días entregará más de 400 expedientes para demostrar las anomalías.Uno de los casos más relevantes que denunció Díaz-Cuervo fue el del hermano del diputado local panista Miguel Errasti, quien laboraba en el área jurídica de la delegación durante la administración de Fadlala Akabani; es uno de los responsables de los actos de corrupción que se han generado.
Detalló que estos datos se obtuvieron al presentar solicitudes al Info-DF para conocer el nombre de las empresas constructoras y los responsables de las obras de los inmuebles irregulares para denunciarlos ante la Contraloría General del DF.
El diagnóstico, elaborado por los diputados locales, precisa que “estas irregularidades se dieron por el boom inmobiliario que generó la aplicación del Bando 2 por parte de Andrés Manuel López Obrador, ex jefe de Gobierno capitalino”.
El compilado de denuncias expone que la vivienda irregular se desarrolló en las colonias del Valle, Nápoles, Portales, Álamos, San Pedro de los Pinos y Narvarte.En total, se construyeron mil 547 edificios de 2000 a 2007; sin embargo, 52 por ciento se hizo de manera irregular, al presentar violaciones a la ley en la edificación de conjuntos habitacionales con mayores niveles a los permitidos y sin contar con el uso de suelo adecuado.
Otras irregularidades fueron que los edificios nuevos no cuentan con los cajones de estacionamiento que marca la ley.Además de construir viviendas irregulares se detectó la desaparición de cinco edificios catalogados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y la misma Seduvi como monumentos históricos y de valor patrimonial y arquitectónico.
No obstante, los casos más emblemáticos, por el gran número de anomalías que concentraron, son los de la Universidad Panamericana, la Barra Nacional de Abogados y un conjunto habitacional frente a la sede nacional del PAN.
Díaz-Cuervo informó que “por ahora se tomarán diversas acciones para mitigar el daño causado a los habitantes de la demarcación, toda vez que con estos desarrollos han comenzado a sufrir de problemas de escasez de agua, apagones, problemas viales por la falta de estacionamientos, entre otros.Aunado a ello, se presentará un paquete de reformas a la Ley de Desarrollo Urbano del DF para imponer sanciones a quienes permitan o realicen violaciones a la ley.
Agregó que se reportará al INAH y al INBA la desaparición de los inmuebles catalogados como monumentos históricos para que inicie las denuncias penales correspondientes.
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