Familiares de diputados panistas, implicados en anomalías inmobiliarias en Benito Juárez
Familiares de diputados locales del PAN están implicados en los permisos irregulares que otorgó la delegación Benito Juárez durante los siete años recientes a grandes empresas constructoras y desarrolladores inmobiliarios, quienes de 2000 a la fecha tapizaron con mil 547 condominios residenciales o unidades habitacionales colonias de esa demarcación, obteniendo ganancias que suman aproximadamente mil millones de dólares.
Así lo aseguró en conferencia de prensa el diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo, presidente de la comisión plural que se constituyó en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para indagar la legalidad de los permisos y autorizaciones otorgados a esas compañías.
En compañía del también diputado Alejandro Ramírez, presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano e integrante de dicha comisión, presentó las conclusiones de los 13 meses de trabajo de ese grupo legislativo, mismos que lo llevaron a tener los elementos suficientes para presentar –el 6 de marzo pasado– 13 denuncias ante la Contraloría General del Distrito Federal en las que señalan la presunta responsabilidad de funcionarios y ex funcionarios tanto de la demarcación panista de Benito Juárez como de áreas del gobierno central, fundamentalmente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), así como de constructoras e inmobiliarias.
Incluso, Díaz Cuervo –integrante de la fracción de la Coalición Socialdemócrata– adelantó que el próximo viernes habrán de formalizar 400 querellas más ante esa misma instancia, luego de que al concluir ayer la actividad de la comisión plural especial se lograron obtener más pruebas de anomalías, por lo que pidió que se finquen las responsabilidades que correspondan.
Durante la sesión de preguntas y respuestas, el legislador fue claro al señalar que un hermano de Miguel Errasti, diputado del PAN en la ALDF, ha sido funcionario en al menos las dos gestiones recientes de la mencionada delegación, con Fadlala Akabani (2003-2006) y con Germán de la Garza (2006-2009), en áreas jurídicas.
Subrayó que dicho servidor público avaló con su firma trámites de edificios que en 2006 y 2007 registraban anomalías en su documentación y cumplimiento de la normatividad vigente.
Por esas circunstancias, señaló, las autoridades delegacionales nunca colaboraron para llevar a cabo la revisión y análisis de los expedientes de los condominios residenciales y unidades habitacionales construidos de 2000 a la fecha. “Por el contrario –dijo–, sufrimos un persistente
bloqueo de la delegación, y los documentos que logramos obtener fueron gracias a solicitudes que se formalizaron ante el Instituto de Información Pública del Distrito Federal (…) Lamento la actitud que tuvieron de tapadera”.
Alejandro Ramírez detalló que la comisión plural especial se tuvo que crear ante la cerrazón que las autoridades de Benito Juárez y de la Seduvi mostraron hacia los vecinos, quienes no sabían cómo frenar la “impunidad y los abusos” que se estaban dando ese punto de la ciudad.
De hecho, el también diputado de la coalición detalló que una muestra de esos excesos se dio con los desarrolladores inmobiliarios, quienes luego de la “revolución administrativa” que emprendió el GDF para sustituir las licencias de construcción por manifestaciones de obra, abusaron del trámite y declaraban una cosa y hacían otra.
Señaló que las colonias que concentraron el boom inmobiliario son: Del Valle, Nápoles, Álamos, San Pedro de los Pinos, Narvarte y Portales, con mil 547 edificios nuevos, de los cuales 52 por ciento tienen alguna anomalía, pero además han afectado la dotación de servicios en toda la demarcación.
jueves, 3 de abril de 2008
Nota en MILENIO Diario, 3 abril 2008
En 8 años, 6 mil 652 viviendas irregulares.-
En la delegación Benito Juárez, de 2000 a 2007 se construyeron 6 mil 652 viviendas irregulares, lo que dejó una ganancia ilícita de 11 mil 500 millones de pesos.
Lo anterior, según el informe final de la comisión especial de investigación de las construcciones en Benito Juárez de la Asamblea Legislativa que, durante 13 meses, recabó datos del Instituto de Vivienda, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del DF, la demarcación y de los habitantes afectados.
El resumen, titulado “Benito Juárez, una historia de impunidad”, señala que en este negocio ilícito estuvieron involucrados funcionarios de la delegación Benito Juárez, gobernada por el PAN, y la Seduvi, a cargo del PRD, ya que son las instancias encargadas de autorizar y emitir licencias y permisos de construcción.
Por ello, Jorge Carlos Díaz-Cuervo, diputado local de la coalición Socialdemócrata y presidente de la comisión especial, ya presentó 13 denuncias administrativas ante la Contraloría General del DF y en los próximos días entregará más de 400 expedientes para demostrar las anomalías.Uno de los casos más relevantes que denunció Díaz-Cuervo fue el del hermano del diputado local panista Miguel Errasti, quien laboraba en el área jurídica de la delegación durante la administración de Fadlala Akabani; es uno de los responsables de los actos de corrupción que se han generado.
Detalló que estos datos se obtuvieron al presentar solicitudes al Info-DF para conocer el nombre de las empresas constructoras y los responsables de las obras de los inmuebles irregulares para denunciarlos ante la Contraloría General del DF.
El diagnóstico, elaborado por los diputados locales, precisa que “estas irregularidades se dieron por el boom inmobiliario que generó la aplicación del Bando 2 por parte de Andrés Manuel López Obrador, ex jefe de Gobierno capitalino”.
El compilado de denuncias expone que la vivienda irregular se desarrolló en las colonias del Valle, Nápoles, Portales, Álamos, San Pedro de los Pinos y Narvarte.En total, se construyeron mil 547 edificios de 2000 a 2007; sin embargo, 52 por ciento se hizo de manera irregular, al presentar violaciones a la ley en la edificación de conjuntos habitacionales con mayores niveles a los permitidos y sin contar con el uso de suelo adecuado.
Otras irregularidades fueron que los edificios nuevos no cuentan con los cajones de estacionamiento que marca la ley.Además de construir viviendas irregulares se detectó la desaparición de cinco edificios catalogados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y la misma Seduvi como monumentos históricos y de valor patrimonial y arquitectónico.
No obstante, los casos más emblemáticos, por el gran número de anomalías que concentraron, son los de la Universidad Panamericana, la Barra Nacional de Abogados y un conjunto habitacional frente a la sede nacional del PAN.
Díaz-Cuervo informó que “por ahora se tomarán diversas acciones para mitigar el daño causado a los habitantes de la demarcación, toda vez que con estos desarrollos han comenzado a sufrir de problemas de escasez de agua, apagones, problemas viales por la falta de estacionamientos, entre otros.Aunado a ello, se presentará un paquete de reformas a la Ley de Desarrollo Urbano del DF para imponer sanciones a quienes permitan o realicen violaciones a la ley.
Agregó que se reportará al INAH y al INBA la desaparición de los inmuebles catalogados como monumentos históricos para que inicie las denuncias penales correspondientes.
En la delegación Benito Juárez, de 2000 a 2007 se construyeron 6 mil 652 viviendas irregulares, lo que dejó una ganancia ilícita de 11 mil 500 millones de pesos.
Lo anterior, según el informe final de la comisión especial de investigación de las construcciones en Benito Juárez de la Asamblea Legislativa que, durante 13 meses, recabó datos del Instituto de Vivienda, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del DF, la demarcación y de los habitantes afectados.
El resumen, titulado “Benito Juárez, una historia de impunidad”, señala que en este negocio ilícito estuvieron involucrados funcionarios de la delegación Benito Juárez, gobernada por el PAN, y la Seduvi, a cargo del PRD, ya que son las instancias encargadas de autorizar y emitir licencias y permisos de construcción.
Por ello, Jorge Carlos Díaz-Cuervo, diputado local de la coalición Socialdemócrata y presidente de la comisión especial, ya presentó 13 denuncias administrativas ante la Contraloría General del DF y en los próximos días entregará más de 400 expedientes para demostrar las anomalías.Uno de los casos más relevantes que denunció Díaz-Cuervo fue el del hermano del diputado local panista Miguel Errasti, quien laboraba en el área jurídica de la delegación durante la administración de Fadlala Akabani; es uno de los responsables de los actos de corrupción que se han generado.
Detalló que estos datos se obtuvieron al presentar solicitudes al Info-DF para conocer el nombre de las empresas constructoras y los responsables de las obras de los inmuebles irregulares para denunciarlos ante la Contraloría General del DF.
El diagnóstico, elaborado por los diputados locales, precisa que “estas irregularidades se dieron por el boom inmobiliario que generó la aplicación del Bando 2 por parte de Andrés Manuel López Obrador, ex jefe de Gobierno capitalino”.
El compilado de denuncias expone que la vivienda irregular se desarrolló en las colonias del Valle, Nápoles, Portales, Álamos, San Pedro de los Pinos y Narvarte.En total, se construyeron mil 547 edificios de 2000 a 2007; sin embargo, 52 por ciento se hizo de manera irregular, al presentar violaciones a la ley en la edificación de conjuntos habitacionales con mayores niveles a los permitidos y sin contar con el uso de suelo adecuado.
Otras irregularidades fueron que los edificios nuevos no cuentan con los cajones de estacionamiento que marca la ley.Además de construir viviendas irregulares se detectó la desaparición de cinco edificios catalogados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y la misma Seduvi como monumentos históricos y de valor patrimonial y arquitectónico.
No obstante, los casos más emblemáticos, por el gran número de anomalías que concentraron, son los de la Universidad Panamericana, la Barra Nacional de Abogados y un conjunto habitacional frente a la sede nacional del PAN.
Díaz-Cuervo informó que “por ahora se tomarán diversas acciones para mitigar el daño causado a los habitantes de la demarcación, toda vez que con estos desarrollos han comenzado a sufrir de problemas de escasez de agua, apagones, problemas viales por la falta de estacionamientos, entre otros.Aunado a ello, se presentará un paquete de reformas a la Ley de Desarrollo Urbano del DF para imponer sanciones a quienes permitan o realicen violaciones a la ley.
Agregó que se reportará al INAH y al INBA la desaparición de los inmuebles catalogados como monumentos históricos para que inicie las denuncias penales correspondientes.
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